Covid-19 y seguridad alimentaria: perspectivas cubanas

El monocultivo de caña de azúcar llegó a Cuba en 1535 desde Santo Domingo (es ese entonces Hispaniola) donde Cristóbal Colón lo había introducido en su segundo viaje. Desde la época colonial, los españoles habían estado importando alimentos para sus esclavos a Cuba para no distraerlos de su principal tarea, la producción de caña de azúcar.

Ni siquiera la revolución logró escapar a la maldición de la caña de azúcar, del monocultivo. Hasta los años 90, el azúcar era el principal producto de exportación de Cuba y representaba el 70% del comercio con la URSS. Tras la desaparición del bloqueo socialista, la producción de azúcar se redujo de 7,5 millones de toneladas a menos de la mitad. Aún hoy, al menos antes de la crisis del coronavirus, el pollo que se distribuye a la población a través de la “libreta” (subsidio estatal) proviene de los Estados Unidos y se paga en efectivo a través del Banco de Canadá, una de las pocas entidades bancarias internacionales que quedan en Cuba. Hasta la fecha, el país importa 1.650 millones de dólares en alimentos para la población y, con el endurecimiento del “bloqueo” (el embargo impuesto por los Estados Unidos que ha durado más de 60 años) por la administración Trump y el brote de la pandemia mundial, la seguridad alimentaria adquiere una importancia vital. En particular, hay que considerar el desastroso impacto del COVID en una de las principales fuentes de ingresos de la economía cubana: el turismo, que está totalmente paralizado. El sector, que ya estaba en crisis antes del brote de la pandemia, en 2018 había generado unos ingresos de 3.700 millones de dólares, mientras que en 2019 las cifras se redujeron a 2.184 millones.

Según datos oficiales de Cuba, más del 80% de los hoteles de la isla están cerrados y los empleados han sido enviados a casa. No hay que subestimar los efectos de la crisis en el sistema productivo nacional -en especial la producción agroindustrial- que, al depender en gran medida de las importaciones y centrarse en el suministro de bienes y servicios al sector del turismo, tendrá que satisfacer las necesidades de la población.

Como parte del plan para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en Cuba, el Ministerio de Agricultura (Minag) está aplicando una serie de medidas de emergencia para garantizar el funcionamiento de sus diversos sistemas de producción, prestando especial atención al programa de “autoabastecimiento municipal”.

Ante el desafío que se plantea actualmente a la producción de alimentos para el consumo nacional en medio de la situación epidemiológica del país, el Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, exhortó al sistema agropecuario y forestal cubano a incrementar la siembra y producción de los productos más populares en la red de mercados agrícolas de la isla.

La estrategia identificada por Cuba para responder al problema de la seguridad alimentaria que plantea el coronavirus incluye varios aspectos interesantes. En primer lugar, es la forma más barata de producir alimentos: la población puede comprarlos en el lugar donde se cultivan, o alternativamente se pueden trasladar a una distancia corta con un consumo mínimo de combustible.

Otros aspectos muy importantes de esta estrategia son que no requiere la importación o el uso masivo de plaguicidas o fertilizantes, permite el uso de espacios improductivos, no utilizados o infrautilizados y, además, garantiza el empleo de un gran número de trabajadores, entre ellos mujeres y jóvenes.

Todo esto hace que sea una alternativa realista y sostenible para contribuir a la soberanía alimentaria y nutricional de la población en una situación sin precedentes.

Sin embargo, además de la respuesta inmediata al desafío que plantea el coronavirus, también es necesario empezar a pensar en medidas más radicales para abordar las raíces de esta crisis a nivel mundial. La seguridad alimentaria es un problema global; sólo en América Latina, según el informe SOFI 2019 (Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo), el hambre aumenta y afecta a unos 42,5 millones de personas, el 6,5 por ciento de la población de la región. En particular, hay una clara necesidad de un sistema alimentario más resistente y sostenible que ejerza menos presión sobre el planeta y la salud pública.

El COVID19 ha puesto en evidencia las fragilidades de los sistemas alimentarios actuales: los sistemas de transporte y distribución, por ejemplo, pueden verse perturbados por medidas de control como el aislamiento y las restricciones a la interacción social; la menor disponibilidad de mano de obra agrícola, como resultado de las restricciones a la migración y la movilidad, plantea una amenaza a las cosechas agrícolas. Al mismo tiempo, la seguridad alimentaria nacional corre el riesgo de verse comprometida aún más por las restricciones comerciales y de exportación, que podrían ser especialmente perjudiciales para los países importadores de alimentos como Cuba. Otra característica perjudicial del actual modelo industrial es que está marginando a los productores más pequeños que están siendo engullidos por los grandes productores que pretenden gastar menos y producir más, lo que da lugar a una genética monótona que prioriza estos aspectos a expensas de la diversidad, el sabor, la salud y la calidad.

Las políticas públicas que promueven la sostenibilidad y la ecología son esenciales para fomentar los cambios en este modelo de producción, lo que a su vez contribuiría a la soberanía alimentaria. Esas políticas deben centrarse en sistemas agrícolas resistentes y en polos productivos y cadenas de producción adaptables a las situaciones de emergencia.

En este sentido, los pequeños agricultores y los agricultores locales y nacionales tienen un papel fundamental que desempeñar. La mayoría de los agricultores, especialmente en los países de bajos ingresos, aunque cultivan sus propios alimentos, tienen un acceso insuficiente a los insumos y bienes y, por consiguiente, subsisten con una dieta restringida que apenas satisface las necesidades de la familia. Para quienes producen regularmente excedentes, la falta de información y el escaso poder de negociación limitan a menudo los beneficios que pueden generar, y la reducción de los ingresos, a su vez, dificulta la diversificación y la mejora de su dieta. Esto hace que las poblaciones rurales sean particularmente vulnerables a perturbaciones como la actual pandemia.

Sin embargo, al mismo tiempo, en la situación provocada por COVID-19, los pequeños agricultores pueden ser la solución: aportan principalmente a los mercados nacionales, lo que los hace especialmente importantes cuando el comercio se ve comprometido. En particular, su participación en los mercados locales significa que están bien situados para seguir suministrando alimentos en situaciones en las que la crisis de COVID-19 ha creado complejos problemas logísticos y de transporte.

Las crisis son oportunidades para el cambio. Deberíamos tomar este desafío como una oportunidad para mostrar cómo una agricultura diversificada y sostenible es una parte esencial del tejido social: una agricultura seguida de una economía “post-Coronavirus” más solidaria, más autónoma y más ecológica que garantice un sistema alimentario resistente, parte indispensable de un mejor mundo post-COVID-19.

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