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Lograr la seguridad alimentaria: el compromiso de la AICS en Cuba

Uno de los aspectos más inmediatos y preocupantes de la pandemia en Cuba es la situación de la seguridad alimentaria en el país. Por esta razón, el Gobierno de Cuba ha expresado en varias ocasiones la importancia de tomar medidas sobre esta cuestión, que se considera un asunto de seguridad nacional.

Entre las medidas previstas para lograr la soberanía alimentaria ante el impacto de la Covid-19, el gobierno ha individuado como prioridad la producción de alimentos para satisfacer las demandas de la población.  La contingencia sanitaria y económica nacional provocada por la enfermedad, puso en el centro de atención del Ministerio de la Agricultura (Minag) la implementación de nuevas acciones para fomentar la siembra, el acopio y la comercialización de productos agropecuarios. Como parte del plan para hacer frente a la pandemia, el MINAG está aplicando una serie de medidas de emergencia para garantizar el funcionamiento de sus diversos sistemas de producción, prestando especial atención al programa de “autoabastecimiento municipal”.

En este sentido, la estrategia de la AICS se incluye en el plan de acción del gobierno cubano, con un enfoque en la importancia de garantizar el autoabastecimiento local en las zonas rurales. Muchas de las iniciativas actualmente en curso, así como la mayoría de las acciones previstas, han sido parcialmente reorientadas y adaptadas a la luz de las nuevas necesidades causadas por la pandemia.

En el marco del programa MásCafé, la acción de la AICS en la cooperativa “Sexta Cumbre” en el municipio Tercer Frente, en el Oriente de Cuba, se dirige a contribuir a la seguridad alimentaria del país. Gracias al trabajo conjunto con GAF, INAF y cooperativas estatales, en más de 15 viveros la producción de café se ha integrado con la producción de hortalizas de ciclo corto, lo que permitirá que las comunidades locales se beneficien pronto de productos para el consumo local y nacional.

 

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Firma de los Términos de Referencia del proyecto «Habana del Este»

CEDEL y COSPE firmaron la semana pasada los Terminos de Referencia aprobados por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX). La aprobación de los Términos de Referencia del proyecto por parte del MINCEX y su posterior firma permitirá iniciar la iniciativa "Transformación Integral del Municipio de Habana Del Este: un camino para el desarrollo inclusivo y sostenible del territorio", que propone de contribuir al desarrollo integral, inclusivo y sostenible del municipio, fortaleciendo las capacidades técnicas de gestión municipal en tres ejes temáticos: planificación territorial integrada, atención al medio ambiente y gestión sostenible del patrimonio natural y cultural.

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¿Como avanza la implementación del Capitulo Étnico de los Acuerdos de Paz en Colombia?

A raíz de un largo proceso de solicitud por parte de las comunidades étnicas para que su voz fuera escuchada y sus derechos asegurados en el marco de la construcción de paz en Colombia, las organizaciones indígenas y afrocolombianas - representadas por la Comisión Étnica para la paz y la Defensa de los Derechos territoriales – pudieron participar en la mesa de negociación de paz en La Habana para negociar el ultimo punto del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera.

Así se acordó la integración del enfoque étnico y la concreción jurídica de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), creada para asegurar la implementación del capitulo étnico, así como se elaboró la ruta de seguimiento al Plan Marco de Implementación que incluye 37 metas y 98 indicadores sobre el tema étnico.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado mucho en la implementación del capitulo étnico y, al contrario, se destaca regresividad en los derechos de las comunidades étnicas y afrocolombianas, sobretodo en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en donde el 51% de estos territorios son resguardos indígenas y el 81% cuenta con comunidades afrocolombianas, según la Comunidad Akubadaura – organización que realiza el seguimiento del cumplimiento del Capitulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

Desde la firma del Acuerdo en 2016, cerca de 200 indígenas han sido asesinados. Hasta la fecha del 5 de junio de 2020, se registraron 706 casos de contagios por COVID19, de los cuales 25 han fallecido por falta de atención oportuna y de entrega de elementos de bioseguridad, según cuanto reportan organizaciones indígenas. Datos del Gobierno colombiano muestran que “la pobreza multidimensional de los pueblos indígenas es 2,5 veces más alta que el total nacional, y la de los pueblos y comunidades afrodescendientes un 1,5. Para ambos pueblos las desventajas se dan en materia de educación, salud y acceso a servicios de primera infancia, vivienda, acueducto y alcantarillado”, según el Informe sobre Justicia Redistributiva y Pueblos Étnicos de la Comunidad de Juristas Akubadaura.

En el mismo documento se señala que entre 2010 y 2019 “el Gobierno Nacional ha suscrito 1.582 acuerdos con los pueblos indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, muchos de los cuales hacen parte de políticas públicas que tienen un porcentaje de implementación, en promedio, correspondiente al 3,9%, evidenciando un incumplimiento sistemático de aquellos acuerdos que en algunas oportunidades son promovidos por el mismo Ejecutivo”.

La Comunidad Akubadaura ha identificado dificultades y propuestas para la implementación del Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz en 3 áreas principales: participación horizontal y efectiva en la implementación de los acuerdos, frente a la falta de consultación con la población indígena para la formulación de proyectos de ley y políticas publicas; un presupuesto con un enfoque étnico para la paz, frente a la reducción presupuestal del 17% de los recursos para dotación de tierras que los pueblos indígenas sufrieron entre 2015 y 2018 y a los recursos limitados (0,05%) del Presupuesto General de la Nación con enfoque diferencial; y la promoción de una política de no estigmatización y seguridad para los lideres indígenas y afrodescendientes y sus comunidades, frente a los asesinados de lideres que agencian procesos de defensa y protección territorial y de los promotores de la sustitución de cultivos ilícitos.

Para más información consulte el informe de la Comunidad Akubadaura: http://akubadaura.org/colombia-nacion-multietnica-y-pluricultural-que-ignora-el-enfoque-etnico/.

«Por un abrazo» – mensaje de solidaridad y hermandad

Artistas cubanos, italianos y españoles se unen para cantar en homenaje a la brigada de médicos cubanos Henry Reeves, que ha estado ayudando a más de 21 países en la lucha contra el COVID19. En nuestro país, dos brigadas de más de 50 profesionales de la salud ayudaron a Italia a superar el difícil desafío planteado por la pandemia.
Aquí un mensaje de solidaridad y humanidad, así como de agradecimiento, por un gesto que quedará en la historia.

*Intérpretes cubanos: Issac Delgado, Haila, Waldo Mendoza, Israel Rojas (Buena Fe), Jorge Robaina (Karamba), Luis Franco, Rosalba Aguilera, Pepe López, Andrés Correa Borges, Proyecto Infantil Vivirás Feliz.

*Intérpretes italianos: Andrea Skizzo, Giancarlo Pioli (El Rubio loco), Grupo NOMADI.

*Intérpretes españoles: Carlos Torres

Film: Alexis Oliva Sello: EGREM

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Nuestra respuesta al COVID: producción de hortalizas a ciclo corto en el Oriente de Cuba

Nuestra respuesta al COVID: producción de hortalizas a ciclo corto en el Oriente de Cuba

La Cooperación Italiana colabora con el gobierno cubano para hacer frente a la emergencia causada por el Covid19. Muchas de las iniciativas actualmente en curso, así como la mayoría de las acciones previstas, han sido parcialmente reorientadas y adaptadas a la luz de las nuevas necesidades causadas por la pandemia. En colaboración con los socios y las autoridades locales y de acuerdo con los planes de acción del Gobierno de Cuba, las intervenciones de AICS se orientan principalmente a apoyar la seguridad alimentaria, especialmente el autoabastecimiento municipal, sobre todo en las zonas rurales.

En el marco del programa MásCafé, en la zona oriental de Cuba, la acción de AICS, en estrecha colaboración con las empresas y cooperativas estatales que participan en el proyecto, ha permitido dar una respuesta operativa inmediata a las necesidades de la población. Ya se ha iniciado una transformación parcial de los viveros suministrados a algunas cooperativas, ya equipados con sistemas de irrigación, para permitir la producción de cultivos de ciclo corto.

Las actividades futuras incluyen la distribución de productos alimenticios a niños en las escuelas municipales y a ancianos y la creación de huertos escolares.

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En la foto un ejemplo de uno de los 15 viveros de café ya convertidos a la producción de hortalizas en el Municipio Tercer Frente - Cooperativa Antonio Guiteras - donde se ha integrado la producción de hortalizas de ciclo corto. Las comunidades locales pronto se beneficiarán de productos para el consumo local y nacional como berenjenas, lechuga, remolacha y otras hortalizas.
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En la foto, un vivero con plantulas de café en 2019. En el video, el mismo vivero produciendo lechuga y calabaza. 

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Covid-19 y seguridad alimentaria: perspectivas cubanas

El monocultivo de caña de azúcar llegó a Cuba en 1535 desde Santo Domingo (es ese entonces Hispaniola) donde Cristóbal Colón lo había introducido en su segundo viaje. Desde la época colonial, los españoles habían estado importando alimentos para sus esclavos a Cuba para no distraerlos de su principal tarea, la producción de caña de azúcar.

Ni siquiera la revolución logró escapar a la maldición de la caña de azúcar, del monocultivo. Hasta los años 90, el azúcar era el principal producto de exportación de Cuba y representaba el 70% del comercio con la URSS. Tras la desaparición del bloqueo socialista, la producción de azúcar se redujo de 7,5 millones de toneladas a menos de la mitad. Aún hoy, al menos antes de la crisis del coronavirus, el pollo que se distribuye a la población a través de la «libreta» (subsidio estatal) proviene de los Estados Unidos y se paga en efectivo a través del Banco de Canadá, una de las pocas entidades bancarias internacionales que quedan en Cuba. Hasta la fecha, el país importa 1.650 millones de dólares en alimentos para la población y, con el endurecimiento del «bloqueo» (el embargo impuesto por los Estados Unidos que ha durado más de 60 años) por la administración Trump y el brote de la pandemia mundial, la seguridad alimentaria adquiere una importancia vital. En particular, hay que considerar el desastroso impacto del COVID en una de las principales fuentes de ingresos de la economía cubana: el turismo, que está totalmente paralizado. El sector, que ya estaba en crisis antes del brote de la pandemia, en 2018 había generado unos ingresos de 3.700 millones de dólares, mientras que en 2019 las cifras se redujeron a 2.184 millones.

Según datos oficiales de Cuba, más del 80% de los hoteles de la isla están cerrados y los empleados han sido enviados a casa. No hay que subestimar los efectos de la crisis en el sistema productivo nacional -en especial la producción agroindustrial- que, al depender en gran medida de las importaciones y centrarse en el suministro de bienes y servicios al sector del turismo, tendrá que satisfacer las necesidades de la población.

Como parte del plan para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en Cuba, el Ministerio de Agricultura (Minag) está aplicando una serie de medidas de emergencia para garantizar el funcionamiento de sus diversos sistemas de producción, prestando especial atención al programa de «autoabastecimiento municipal».

Ante el desafío que se plantea actualmente a la producción de alimentos para el consumo nacional en medio de la situación epidemiológica del país, el Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, exhortó al sistema agropecuario y forestal cubano a incrementar la siembra y producción de los productos más populares en la red de mercados agrícolas de la isla.

La estrategia identificada por Cuba para responder al problema de la seguridad alimentaria que plantea el coronavirus incluye varios aspectos interesantes. En primer lugar, es la forma más barata de producir alimentos: la población puede comprarlos en el lugar donde se cultivan, o alternativamente se pueden trasladar a una distancia corta con un consumo mínimo de combustible.

Otros aspectos muy importantes de esta estrategia son que no requiere la importación o el uso masivo de plaguicidas o fertilizantes, permite el uso de espacios improductivos, no utilizados o infrautilizados y, además, garantiza el empleo de un gran número de trabajadores, entre ellos mujeres y jóvenes.

Todo esto hace que sea una alternativa realista y sostenible para contribuir a la soberanía alimentaria y nutricional de la población en una situación sin precedentes.

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Sin embargo, además de la respuesta inmediata al desafío que plantea el coronavirus, también es necesario empezar a pensar en medidas más radicales para abordar las raíces de esta crisis a nivel mundial. La seguridad alimentaria es un problema global; sólo en América Latina, según el informe SOFI 2019 (Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo), el hambre aumenta y afecta a unos 42,5 millones de personas, el 6,5 por ciento de la población de la región. En particular, hay una clara necesidad de un sistema alimentario más resistente y sostenible que ejerza menos presión sobre el planeta y la salud pública.

El COVID19 ha puesto en evidencia las fragilidades de los sistemas alimentarios actuales: los sistemas de transporte y distribución, por ejemplo, pueden verse perturbados por medidas de control como el aislamiento y las restricciones a la interacción social; la menor disponibilidad de mano de obra agrícola, como resultado de las restricciones a la migración y la movilidad, plantea una amenaza a las cosechas agrícolas. Al mismo tiempo, la seguridad alimentaria nacional corre el riesgo de verse comprometida aún más por las restricciones comerciales y de exportación, que podrían ser especialmente perjudiciales para los países importadores de alimentos como Cuba. Otra característica perjudicial del actual modelo industrial es que está marginando a los productores más pequeños que están siendo engullidos por los grandes productores que pretenden gastar menos y producir más, lo que da lugar a una genética monótona que prioriza estos aspectos a expensas de la diversidad, el sabor, la salud y la calidad.

Las políticas públicas que promueven la sostenibilidad y la ecología son esenciales para fomentar los cambios en este modelo de producción, lo que a su vez contribuiría a la soberanía alimentaria. Esas políticas deben centrarse en sistemas agrícolas resistentes y en polos productivos y cadenas de producción adaptables a las situaciones de emergencia.

En este sentido, los pequeños agricultores y los agricultores locales y nacionales tienen un papel fundamental que desempeñar. La mayoría de los agricultores, especialmente en los países de bajos ingresos, aunque cultivan sus propios alimentos, tienen un acceso insuficiente a los insumos y bienes y, por consiguiente, subsisten con una dieta restringida que apenas satisface las necesidades de la familia. Para quienes producen regularmente excedentes, la falta de información y el escaso poder de negociación limitan a menudo los beneficios que pueden generar, y la reducción de los ingresos, a su vez, dificulta la diversificación y la mejora de su dieta. Esto hace que las poblaciones rurales sean particularmente vulnerables a perturbaciones como la actual pandemia.

Sin embargo, al mismo tiempo, en la situación provocada por COVID-19, los pequeños agricultores pueden ser la solución: aportan principalmente a los mercados nacionales, lo que los hace especialmente importantes cuando el comercio se ve comprometido. En particular, su participación en los mercados locales significa que están bien situados para seguir suministrando alimentos en situaciones en las que la crisis de COVID-19 ha creado complejos problemas logísticos y de transporte.

Las crisis son oportunidades para el cambio. Deberíamos tomar este desafío como una oportunidad para mostrar cómo una agricultura diversificada y sostenible es una parte esencial del tejido social: una agricultura seguida de una economía «post-Coronavirus» más solidaria, más autónoma y más ecológica que garantice un sistema alimentario resistente, parte indispensable de un mejor mundo post-COVID-19.

Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos

La Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos, organizada por la Unión Europea y el gobierno español con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se realizó el 26 de mayo en forma virtual con la participación de más de 60 países. Como se anunció al final de la reunión, el total de los fondos recaudados por gobiernos e instituciones bancarias (Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo) fue de 2.54 billones de euros, de los cuales 595 millones de euros fueron, en forma de contribuciones flexibles, que podrán ser aumentados o disminuidos en las próximas semanas, bilaterales o multi-bilaterales, dirigidas a Venezuela o a los países de la región más afectados por la crisis migratoria, principalmente Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

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De hecho, se prevé que Colombia reciba 2,5 millones de migrantes en 2020 (en comparación con 1,8 millones de la actualidad) y que América Latina en general reciba unos 5,8 millones de migrantes venezolanos. El Perú recibe actualmente 870.000 migrantes de Venezuela, Chile 1,5 millones de los cuales 500.000 son venezolanos, y Ecuador ha experimentado un tránsito de 2 millones de venezolanos que se han quedado (400.000) o han llegado a otros destinos y, por último, Brasil recibe 260.000 migrantes y refugiados venezolanos. Todos los países mencionados destacaron que la situación de vulnerabilidad económica y social (con la excepción de Chile, que ha solicitado ser considerado como país receptor de proyectos de cooperación a pesar de su nivel de desarrollo) en la que se encuentran se ha visto agravada por la pandemia de COVID19 y que es necesario fortalecer los sistemas nacionales de salud para hacer frente a la crisis y promover la inclusión de los migrantes.

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Muchos países han insistido en la necesidad de empezar a hacer inversiones sustanciales en las esferas tanto humanitarias como de desarrollo dentro de Venezuela para tratar de aliviar la situación social y económica de muchas ciudades y comunidades rurales del país.

Italia, representada por la Viceministra Del Re durante la conferencia, contribuirá con 3 millones de euros adicionales para 2020 que se asignarán a la RMRP con cargo a los fondos de la DGCS y la DGIT para las organizaciones humanitarias internacionales que se seleccionarán en las próximas semanas. La Viceministra expresó su solidaridad y cercanía con los países anfitriones, subrayando el compromiso italiano con la crisis venezolana y expresando la necesidad de adoptar soluciones a largo plazo para la crisis política e institucional de Venezuela.

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La solidaridad salva vidas

Estamos viviendo un momento histórico único, un momento difícil que ha provocado una crisis internacional de consecuencias impredecibles. La pandemia mundial, que afecta a toda la humanidad en todos los aspectos, no conoce fronteras y no hace distinción entre naciones, religiones o niveles de bienestar. Asimismo, para ser eficaz, la respuesta no debe conocer límites. En este difícil momento, los imperativos de una respuesta multilateral e inclusiva son la humanidad, la cooperación y la solidaridad. El virus no conoce fronteras; todo el mundo, en cualquier lugar del planeta, debe participar en la lucha contra esta nueva amenaza.

Son muchas las iniciativas realizadas por diversos gobiernos que, con espíritu de solidaridad y cooperación, contribuyen a mitigar los efectos del virus y a limitar sus consecuencias en los países más afectados, así como a colaborar en la búsqueda de una vacuna. Cuba ha enviado 23 brigadas médicas a 22 países, varios estados han enviado suministros médicos a otros más en necesidad y, bajo el liderazgo de la Comisión Europea, se han asignado más de 8.000 millones de dólares para la respuesta mundial al coronavirus. El espíritu de solidaridad ha surgido no sólo en las iniciativas a nivel estatal, sino que los ciudadanos de todo el mundo han demostrado de diversas maneras su humanidad y responsabilidad social.

COVID19 es una prueba única que debe ser abordada a nivel mundial: a la solidaridad mostrada en el ámbito de la salud debe seguir una solidaridad económica, social y ambiental que se centre en los grupos más vulnerables y no deje a nadie atrás.

En este sentido, ¿qué puede hacer la sede de AICS de la Habana y qué está haciendo? La pandemia ha destacado la estrecha relación entre la salud humana, el medio ambiente y la economía. Las iniciativas en nuestras tres áreas prioritarias de acción tienen por objetivo dar una respuesta integral para abordar las causas profundas de la fragilidad y la vulnerabilidad que han surgido como resultado de las restricciones a la circulación de personas y al comercio. En particular, las limitaciones han tenido un efecto devastador en el acceso a los alimentos, especialmente en los grupos más vulnerables, lo que evidencia la fragilidad de un sistema alimentario globalizado.  Al promover el desarrollo territorial y los sistemas agroalimentarios sostenibles, orientamos nuestras acciones hacia el incremento de la resistencia y la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la participación de las mujeres y los jóvenes, el fomento de la autogestión de los territorios y la producción y comercialización locales, respetando el medio ambiente y la naturaleza. Nos centramos en el potencial de la economía local y la solidaria, utilizando técnicas sostenibles, promoviendo la gestión inclusiva con un enfoque en la sostenibilidad. Ante la situación provocada por el coronovirus, continuaremos y reforzaremos nuestras actividades en este sentido.

En la lucha contra el coronovirus, tenemos una opción que creemos que es eficaz para superar la pandemia: cooperación y solidaridad. El nuestro es un destino común y sólo ganaremos si permanecemos unidos.

La solidaridad salva vidas: nuestro mensaje, nuestra esperanza, nuestro compromiso.

#LaSolidaridadSalvaVidas #UnitedAgainstCoronavirus

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Acción humanitaria y COVID19: las mejores prácticas de AICS

En el actual contexto de crisis sanitaria mundial, la acción de los donantes en los países de ingresos bajos y medios resulta fundamental y sumamente pertinente en la acción humanitaria. Sobre la base de nuestra experiencia directa en el contexto de pandemia, hemos identificado las siguientes prácticas que pueden integrarse para que las iniciativas de intervención humanitaria sean más eficaces en el contexto de COVID19.

– Los países donantes deberían exhortar y apoyar a los gobiernos receptores para que garanticen la seguridad alimentaria de la población, que se ve profundamente amenazada por la actual situación de crisis, especialmente en lo que respecta a la suspensión de actividades, la limitación del transporte y los viajes y la consiguiente perturbación de la cadena de producción, así como la pérdida de empleo y la especulación en el precio de los productos primarios. Por lo tanto, se sugiere incentivar  a los gobiernos locales a aplicar medidas destinadas a generar una mayor accesibilidad a los alimentos (en lugar de recomendar que se eviten las restricciones), como el fomento de la identificación y el funcionamiento de corredores sanitarios territoriales para permitir la movilidad de la mano de obra para los cultivos o para asegurar el suministro de alimentos, el fortalecimiento de los sistemas de información para vigilar los precios de los productos agrícolas a fin de evitar la especulación innecesaria y la generación de redes de solidaridad cívica, especialmente en las zonas de más difícil acceso.

– En el ámbito del apoyo a los trabajadores de la salud, es esencial alentar a los gobiernos a que adopten un enfoque de género, teniendo en cuenta que el 70% de los trabajadores del sector de la salud y el trabajo social a nivel mundial son mujeres, lo que hace que sean las que corren mayor riesgo de infección. Por lo tanto, además de asegurar que se proporcione a las trabajadoras todo el equipo de protección, los donantes deberían exhortar a los gobiernos a evitar la desviación de recursos de los servicios de salud rutinarios, incluida la atención prenatal y postnatal y los servicios de salud sexual y reproductiva, que deben seguir garantizándose para asegurar la salud de las mujeres en la vanguardia de la lucha contra la pandemia.

– En el caso de Cuba, que está sujeta a sanciones estadounidenses que ya han provocado graves dificultades y, en algunos casos, la imposibilidad de recibir ayuda, se espera que el impacto negativo de las sanciones en la capacidad de respuesta a la emergencia tenga efectos en el sector de la salud, pero también en el sector de la energía y los alimentos, ya puesto a prueba por la actual situación de crisis, especialmente como resultado de las limitaciones de las actividades de producción, transporte y viajes, y la consiguiente interrupción de la cadena de producción, además del aumento del costo de las importaciones. Los donantes deben actuar conjuntamente para determinar, limitar y posiblemente neutralizar los efectos negativos de las sanciones en la llegada de la ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas, tanto analizando las posibles restricciones al formular y ejecutar las intervenciones como identificando posibles canales seguros, pero también solicitando la suspensión de las sanciones económicas, al menos durante el período de emergencia- Esta petición ya ha sido hecha tanto por las Naciones Unidas como por la Unión Europea en numerosas ocasiones, así como por numerosas ONG.

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